Derecho a defendernos.
La inconsistencia
jurídica del impuesto de Plusvalía, y el agravio que la administración genera
vía impuestos desproporcionados.
De la incorrecta liquidación de la plusvalía
municipal, en perjuicio del contribuyente, empresa y ciudadano.
Somos conscientes de
la situación actual, pero no podemos quedarnos de manos cruzados. El agravio que padecemos las empresas de la
construcción es desproporcionado y tenemos que instar a los ayuntamientos a que
viren sus políticas fiscales.
Nos encontramos con unos impuestos en alza, pero además de dudosa legalidad. Este
es el caso del impuesto del llamado Plusvalía que se acciona cuando se trasmite
una bien inmueble, y que por consiguiente el ayuntamiento gira un documento de
pago en función del valor del suelo de dicho bien inmueble a el que aplica un
porcentaje en función de un índice de revalorización anual, cuando la realidad del mercado de la vivienda, lo
que se da es una minusvalía, una perdida por la venta de una vivienda.
No entramos aquí a valorar el valor del suelo de la vivienda,…que
se rige por unos valores catastrales también desproporcionados, sino porque los
Ayuntamientos profetizan que un piso subirá de precio cada año, cuando el
mercado inmobiliario decrece. Lo que pasa es muy sencillo: siguen actuando como
si aún no hubiera explotado la burbuja inmobiliaria. Para todos los que nos
vemos agraviados por este impuesto, empresas, particulares y otros entes, es
una pesadilla y llegado el caso una acto de inconstitucionalidad legitimada por
las mil leyes que se les proporciona a la administración. La
administración no se de cuenta que el vendedor ha obtenido una minusvalía por
la venta de un bien inmueble, y que incluso se ha llegado a vender una vivienda
para pagar una hipoteca. Aún así, se sigue mirando hacia otro lugar, a pesar de
las numerosas reivindicaciones del sector de la construcción. Es
un hecho poco conocido ya que a nivel particular, se da con poca frecuencia una
transmisión de un bien inmueble, o para el caso una transmisión onerosa o herencia.
Lejos de estos hechos, lo normal es que no se hable de este impuesto claramente
recaudador y confiscatorio, que no está adaptado a la realidad del mercado
inmobiliario.
Porque también tenemos derecho a instar y reclamar, a poder defender nuestros derechos, que también son los de los ciudadanos, por que a ellos también se les gira una liquidación incorrecta.
Ante las reiteradas quejas de miembros del sector de la construcción, se viene dando la desproporcionada vía de captación de impuestos de los ayuntamientos a través del impuesto del plusvalía, que se activa cuando se trasmite un bien inmueble, cosa que también le afecta a un particular, fundación o una empresa cualquiera. Este impuesto grava la revalorización del bien inmueble que para el ayuntamiento es de un 3% cada año, mientras los valores del mercado de la vivienda caen, los ayuntamientos siguen con los índices de la burbuja inmobiliaria. Y mientras al vender una vivienda lo que se da es
una minusvalía, y no una plusvalía ( ganancia). Ante esta desproporcionalidad, nos sentimos afectados y agravados e instamos a los ayuntamientos a que viren en su política fiscal y sean conscientes de las realidades del mercado inmobiliario.
Carta. Desde Apce.
( Asociación de promotores y constructores de Ciudad Real )
La inconsistencia jurídica que en la actualidad tiene el Impuesto sobre el Incremento Valor de Bienes de Naturaleza Urbana (
También hemos incluido la siguiente demanda :
La Ley del sector de los contratos públicos.
El perjuicio para los pequeños contratistas de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto las nuevas medidas perjudican a las PYMES en detrimento de las grandes empresas
Promociones y Contratas PLP, es una empresa del sector de la
construcción y afines.
Es miembro de la Apce y de Feceval. y pertenece a la
Asociación buenas practicas empresariales de la microempresa Española.
